agosto 2, 2017

Los particulares y el nuevo marco normativo en materia Anticorrupción

Luis Armando López

2 de agosto de 2017

Situación jurídica de los particulares frente al nuevo marco normativo en materia de Anticorrupción.

El pasado 19 de julio de 2017, entró en vigor en México la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Al respecto, ha circulado información confusa sobre las obligaciones de los particulares frente a dicha Ley.

En primer lugar, debe hacerse hincapié en que la Ley, por sí misma, no generó ninguna obligación específica para los particulares. Sin embargo, introdujo un catálogo de conductas que, de ser cometidas por los particulares, constituyen faltas graves.

Estas faltas son:

También se considera participación ilícita en procedimientos administrativos, cuando un particular interviene en nombre propio pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos administrativos con la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de dichos procedimientos.

También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos.

También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos.

Por la comisión de cualquiera de las conductas descritas, los particulares podrán ser sujetos de las siguientes sanciones:

Tratándose de personas físicas:

  1. Sanción económica
  2. Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas
  3. Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública

Tratándose de personas morales, además de las sanciones anteriores, cuando obtengan un beneficio económico y se acredite la participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para la comisión de faltas administrativas graves, quedarán sujetas a las siguientes sanciones:

  1. Suspensión de actividades
  2. Disolución de la sociedad

Por lo anterior, a efecto de minimizar las sanciones aplicables a las personas morales, se recomienda (aunque no es una obligación), que cuenten con una Política de Integridad, que debe contener los siguientes elementos:

  1. Un manual de organización y procedimientos en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura;
  2. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización;
  3. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría;
  4. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana;
  5. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad;
  6. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación, y
  7. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.

Respecto a la publicidad de los intereses, los entes públicos podrán solicitar a sus contratistas que presenten un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles Conflictos de Interés.

En razón de lo anterior, nos ponemos a su servicio para cualquier aspecto relacionado con el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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